Nueva noche de violencia y represión en Nicaragua

La Policía nicaragüense arrastra a una manifestante este domingo, en Managua OSWALDO RIVASREUTERS

La policía detiene a más de 30 personas cuando intentaban participar en una protesta contra Daniel Ortega

El régimen de Ortega intenta ganar tiempo y continúa su campaña de represión en Nicaragua

Sangrienta ‘Operación Limpieza’ en Nicaragua

La Policía de Nicaragua reprimió anoche con violencia a un grupo de opositores y detuvo a 38 de ellos cuando pretendían protestar en las calles de Managua contra el presidente del país, Daniel Ortega.

Este nuevo episodio de violencia, enmarcado en la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado que ha dejado centenares de muertos, fue repudiado por organismos internacionales, que instaron a Ortega a respetar los derechos de los ciudadanos y la libertad de manifestación.

Los hechos se produjeron, según constató Efe, cuando un grupo de personas estaba a la espera de sumarse a una protesta convocada para este domingo por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, la cual finalmente no se realizó.

Decenas de agentes antimotines y policías se presentaron en el lugar y comenzó un enfrentamiento con los opositores. La Policía confirmó en un comunicado que detuvo a 38 personas, de las que 8 ya fueron liberadas.

La institución indicó que “realiza las investigaciones para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”. En la mañana del domingo se “garantizó el orden y la seguridad en la capital ante los intentos de agrupaciones terroristas, golpistas y criminales que en los últimos meses han estado desarrollando acciones que violentan la paz y la tranquilidad”, dijo la Policía.

Según pudo captar la prensa local, los agentes policiales arrastraron por el pavimento a jóvenes, adultos y ancianos para llevarlos hasta los coches de patrulla. Entre los detenidos está la directora en Nicaragua de la ONG Techo Internacional, Ana Lucía Álvarez, denunció la organización en un comunicado.

Otro de los detenidos fue José Dolores Blandino, padre de Xiómara Blandino, la actual pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murilloquien es uno de los liberados según informó la Policía.El periodista Uriel Velásquez del rotativo local El Nuevo Diario, también estuvo detenido y fue puesto en libertad.

Los “blanquiazules”, quienes prometen seguir adelante con las protestas, clamaban a voces por una “Nicaragua Libre“, incluso mientras eran arrastrados por el pavimento por los agentes, para ser llevados a los coches del cuerpo de seguridad.

Las manifestaciones, prohibidas

La Policía reiteró en la víspera que no iba a permitir “manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso“, como ya anunció a finales de septiembre.

Este domingo la oposición suspendió movilizaciones en la región de Blufields y en Managua, donde contingentes de agentes policiales de operaciones especiales, antimotines y grupos afines al Gobierno se desplegaron en distintos puntos de la capital.

En el lugar donde estaba previsto el arranque de la marcha que finalmente no se realizó, y cuyo lema era “Unidos por la libertad”, también resultó lesionado este domingo Oswaldo Rivas, fotógrafo de la agencia internacional Reuters, tras ser arrollado por un paramilitar motorizado que se le echó encima mientras registraba la violencia policial.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagroexigió a Ortega que libere a los manifestantes detenidos, respete su derecho a la protesta pacífica y cese la “represión”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), Paulo Abrão, lamentó los hechos y consideró “inaceptables” las “actitudes represivas y autoritarias” de los efectivos policiales.

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, también lamentó los choques entre la Policía y manifestantes con el argumento de que “estas actitudes (…) no abona en nada a la paz”, e insistió en la necesidad de un diálogo para superar la crisis.

El diálogo está en suspenso

Una mesa de diálogo entre la Alianza Cívica, compuesta por sectores civiles, y el Gobierno de Ortega, está suspendida desde julio pasado, después de que grupos oficialistas agredieron físicamente a miembros del Episcopado que participan en calidad de mediadores.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y que ha dejado según organizaciones humanitarias locales e internacionales entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

El 18 de abril pasado comenzaron las protestas contra Ortegapor unas reformas de seguridad social que fueron anuladas en un intento por contener la crisis, que se convirtió en la exigencia de su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Ortega rechaza las denuncias de abusos locales e internacionales en contra de su Gobierno y asegura que la crisis impulsada por grupos a los que califica de golpistas y terroristas.

ELMUNDO.ES

Las represalias que baraja Arabia Saudí si se le castiga: petróleo, inversión y armamento

Foto: Un funcionario saudí abandona el consulado en Estambul, el 15 de octubre de 2018. (Reuters)
Un funcionario saudí abandona el consulado en Estambul, el 15 de octubre de 2018. (Reuters)

La desaparición del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi amenaza con crear una situación inmanejable para la Administración Trump. Mientras crecen las evidencias de que probablemente Kashoggi fue torturado y asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, también lo hace el clamor en Estados Unidos para que se determine con certeza lo sucedido y, en caso necesario, se castigue diplomáticamente a los saudíes. La policía turca ha sido autorizada a examinar el interior de la legación diplomática, donde las autoridades turcas creen que un equipo de 15 hombres llegado expresamente del extranjero horas antes interrogó y posteriormente descuartizó a Kashoggi, cuyo cadáver troceado habrían sacado posteriormente en valijas diplomáticas.

Según el Washington Post, los investigadores turcos estarían en posesión deaudios que demuestran la tortura y el asesinato, pero no pueden hacerlos públicos para no tener que admitir que sus servicios de inteligencia mantenían un sistema de escucha en la Embajada saudí, algo prohibido por la Convención de Viena. Además, la comunidad de inteligencia estadounidense cree altamente probable que el inductor del crimen haya sido el propio príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman, quien ya había intentado atraer a Khashoggi, autoexiliado en EEUU, de regreso a Arabia Saudí.

ÁNGEL MARTÍNEZ

A medida que se hacen públicas estas revelaciones, congresistas y periodistas de relevancia en EEUU aumentan la presión al Gobierno para que tome medidas al respecto. El presidente Trump prometió “un serio castigo” hace varios días si se confirmaba la tesis del asesinato en el interior del consulado. No obstante, se resistió a cancelar los contratos de venta de armamento con el país, tal y como sugieren algunos políticos estadounidenses. Por su parte, los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania han exigido una investigación en profundidad de lo sucedido, pero se mantienen a la espera de ver qué hace finalmente EEUU.

“Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudí, que niega cualquier conocimiento de lo que pueda haberle pasado ‘a nuestro ciudadano saudí’. Ha dicho que están trabajando estrechamente con Turquía para encontrar una respuesta. Voy a enviar inmediatamente a nuestro Secretario de Estado [Mike Pompeo] para encontrarse con el rey”, ha tuiteado hoy Trump.

Lo que Trump trata de evitar al mandar a Pompeo a Arabia Saudí es una crisis de grandes proporciones entre ambos países. Existe un consenso bipartidista en Washington respecto a la necesidad de hacer algo contundente -comoimponer sanciones contra altos funcionarios saudíes o suspender el suministro de armas para la guerra en Yemen- si queda probada la responsabilidad del reino en el caso. “Si se demuestra que es cierto, va a haber una respuesta del Congreso. Va a ser casi unánime, va a ser rápida, y va a llegar bastante lejos”, afirmó este fin de semana el senador republicano Marco Rubio. Numerosas firmas internacionales se han apeado ya de la llamada Iniciativa de Inversión Futura, un foro financiero que tendrá lugar en Riad el próximo 23 de octubre, por genuino rechazo a lo sucedido o por temor a la mala publicidad.

Donald Trump alardea de las ventas de armas a Arabia Saudí con el príncipe heredero Mohamed Bin Salman en la Casa Blanca, el 20 de marzo de 2018. (Reuters)
Donald Trump alardea de las ventas de armas a Arabia Saudí con el príncipe heredero Mohamed Bin Salman en la Casa Blanca, el 20 de marzo de 2018. (Reuters)

El petróleo, la gran baza

Pero los saudíes, que niegan toda implicación en la desaparición de Khashoggi, están dispuestos a contraatacar económica y diplomáticamente. Ayer, el reino emitió un comunicado en el que “rechaza totalmente cualquier amenaza y los intentos de minarlo, tanto amenazando con imponer sanciones y presiones económicas o repitiendo falsas acusaciones”, añadiendo que “si es objeto de cualquier acción, responderá con otra acción todavía mayor”.

De acuerdo con un artículo publicado en la web de la televisión de financiación saudí Al Arabiya, los responsables saudíes barajan una batería de más de treinta medidas potenciales a adoptar en caso de que EEUU y otros países decidan imponer sanciones contra el reino. El artículo viene firmado por Turki Aldakhil, director de la cadena y un confidente cercano de Bin Salman, por lo que no puede ser tomado a la ligera. Entre otras, menciona la interrupción de la cooperación en materia antiterrorista y de inteligencia con los países occidentales, el cierre del mercado saudí a los productos de esos estados, o permitir la instalación de una base militar rusa en la localidad saudí de Tabuk, al noroeste del país.

Pero algunas de las represalias que señala tendrían un impacto mucho mayor, relacionadas directamente con la economía de EEUU y del resto del mundo: Aldakhil señala que Arabia Saudí “rompería su compromiso de producir 7,5 millones de barriles [de crudo]. Si la subida del precio del petróleo a 80 dólares ya irritó al presidente Trump, nadie debería descartar que el precio salte a los 100 dólares, o a los 200, o incluso al doble de esa cifra”. También apunta a que el barril de petróleo podría venderse en una divisa diferente al dólar, “tal vez el yuan chino”, una medida que sería enormemente perjudicial para las arcas estadounidenses, y que podrían cortarse las inversiones saudíes en EEUU, que, asegura el articulista, suponen hoy unos 800.000 millones de dólares.

GRÁFICO: CRISTINA SUÁREZ

Del mismo modo,Aldakhil insiste en que su país podría dejar de comprar armas a EEUU. “Riad es el cliente más importante de las compañías estadounidenses, dado que Arabia Saudí compra el 10 por ciento de las armas totales que producen esas empresas”. Un argumento probablemente destinado al presidente estadounidense, quien la semana pasada se expresó en términos similares. “Sé que [algunos senadores] están hablando sobre diferentes tipos de sanciones, que [los saudíes] van a gastar 110.000 millones de dólares en equipación militar y en cosas que crean empleo. No me gusta la idea de detener cantidades masivas de dinero que están llegando a nuestro país”, indicó Trump este jueves. “Estaríamos castigándonos a nosotros mismos”, afirmó.

No obstante, algunos expertos han cuestionado el alcance de las adquisiciones saudíes. Ya en junio de 2016, analistas como Bruce Riedel, de la Institución Brookings, cuestionaron la cifra de los 110.000 millones de dólares, indicando que la cantidad real es de alrededor 28.000 millones, y que se traduce en apenas unos pocos miles de empleos estadounidenses. Jonathan D. Caverley, profesor asociado del Colegio de Guerra Naval de EEUU e investigador del MIT, asegura que “pese a los recientes incrementos, los pedidos saudíes de armas siguen siendo una pequeña y manejable porción de las exportaciones estadounidenses”.

En un artículo de opinión en el New York Times, Caverley asegura que “puede parecer un montón, pero EEUU exporta solamente del 25 al 30 por ciento de su producción en la industria de defensa, así que las exportaciones a Arabia Saudí claramente siguen siendo una tajada relativamente pequeña del enorme pastel de la industria de la defensa”, por lo que un boicot al país apenas tendría efectos para Estados Unidos. Arabia Saudí es el segundo importador mundial de armas, pero solo el 61% de ellas son de origen estadounidense, normalmente las más sofisticadas. Y aunque Trump ha hablado de la necesidad de impedir que “Rusia y China se queden con ese dinero”, Caverley lo considera altamente improbable: el mantenimiento y la formación en el uso de los sistemas de armamento de última generación es operado también por estadounidenses, y encontrar un reemplazo sería muy difícil incluso a largo plazo.

El periodista desaparecido, Jamal Khashoggi, en Londres, a finales de septiembre. (Reuters)
El periodista desaparecido, Jamal Khashoggi, en Londres, a finales de septiembre. (Reuters)

Trump cree a los saudíes

Trump, en todo caso, ha dado hoy una rueda de prensa de 20 minutos en la que ha descrito su conversación con el rey Salman. “Parecía que él, y también el príncipe heredero, no tenían conocimiento [de los hechos]. No quiero pensar por ellos, pero me ha sonado como que podrían haber sido asesinos que iban por libre. ¿Quién sabe? Vamos a intentar llegar al fondo de esto muy pronto, pero lo han negado de plano”, ha asegurado, aparentemente dando credibilidad a la versión saudí.

En la reticencia de la Administración Trump a ir más lejos contra Arabia Saudí pesa también la excelente relación personal del yerno y asesor especial del presidente, Jared Kushner, con el príncipe heredero Bin Salman. Ambos, jóvenes y poderosos, parecen hermanados en su intento de rediseñar el mapa de Oriente Medio, y la Casa Blanca ha adoptado la postura radicalmente anti-iraní de Riad y otras capitales del Golfo. A cambio, Kushner esperaba poder asegurarse el respaldo saudí en sus planes para forzar una negociación definitiva en el conflicto palestino-ísraelí.

ÁNGEL MARTÍNEZ

Es legendaria, demás, la falta de tolerancia saudí hacia la crítica. Hace unos meses, después de que la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, expresase en un tuit “la preocupación” por la detención de activistas feministas pacíficas saudíes, Riad reaccionó expulsando al embajador canadiense, cancelando los vuelos a varias ciudades de Canadá, ordenando el regreso de los estudiantes saudíes en el país norteamericano y la venta de todos los bonos y acciones canadienses. Cuando en 2015 la ministra de Exteriores sueca Margot Wallstrom realizó críticas similares, Arabia Saudí organizó una campaña de presión regional que incluía la no expedición o renovación de visados a ningún ciudadano de Suecia, la protesta en bloque de la Liga Árabe y las amenazas de cancelación de numerosas inversiones suecas en el reino.

En ese sentido, la Casa de Saud parece dispuesto a sacar aún más pecho que de constumbre, consciente del nulo apetito de confrontación que reina en la Casa Blanca. “La verdad es que si Washington impone sanciones contra Riad apuñalará de muerte su propia economía, aunque piense que sólo apuñala a Riad”, escribe Aldakhil. Pero está por ver si las bravuconadas saudíes surten efecto, o solo consiguen enardecer aún más a unos congresistas estadounidenses que creen que, esta vez, Arabia Saudí ha ido demasiado lejos.

ELCONFIDENCIAL.COM

Jordania e Israel reabren sus pasos fronterizos con Siria

Vehículos de Naciones Unidas conducen hacia el cruce de Quneitra, en los Altos del Golán. ATEF SAFADIEFE

Quneitra y Nassib estaban cerradas a raíz de la cruenta guerra siria

Vuelta a la normalidad. Así podría definirse la sensación que envuelve dos importantes reaperturas en la frontera de Siria con Israel (Quneitra) yJordania(Nassib). Los dos actos confirman un hecho labrado en los últimos meses: el régimen de Bashar Asad vuelve a ser el amo y señor -con vital ayuda de Rusia- en esas zonas sureñas del país controladas en los últimos años por los rebeldes en Siria.

El paso fronterizo de Quneitra, situado en el Golán, fue cerrado en agosto del 2014a raíz de la sangrienta guerra civil siria y el control de esa zona a cargo de los grupos rebeldes. Cuatro años después, Asad recupera el dominio de la frontera con Israel, al que considera aún como su principal enemigo.

Su apertura este lunes -gracias al acuerdo entre los dos países bajo la tutela de la ONU– supone en primer lugar la vuelta de los efectivos de UNDOF (Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la separación) a la zona desmilitarizada después de que hace cuatro años huyeran a la parte israelí ante las bombas y combates en el sangriento laberinto sirio.

Se trata de una fuerza especial que actúa desde el acuerdo de alto el fuego de 1974 tras la guerra del año anterior. En la breve contienda del 67 con varios países árabes, el ejército israelí ocupó esa parte de la estratégica meseta del Golán.

“Esperamos que UNDOF vuelva para hacer respetar el armisticio. Por todo ello, es muy importante la apertura de Quneitra y que reine la calma en la frontera“, asegura el mayor israelí Nehemia Berkey, al cargo de la coordinación de su ejército con los Cascos Azules de la ONU.

Observadores de la ONU y drusos

En una primera instancia, el paso de Quneitra será usado sólo por los observadores de UNDOF pero más adelante volverá a ser, si la situación lo permite, lo que significaba hasta el estallido de la guerra civil en Siria: la única vía terrestre entre dos países enemigos por la que pasaban los drusos de ambos lados de la frontera para encontrarse con sus familiares y una modesta plataforma comercial para la venta de productos, especialmente manzanas. Quneitra también era el lugar que cruzaban jóvenes drusos del Golán bajo control israelí para estudiar en la Universidad en Damasco, así como el surrealista escenario para bodas de parejas drusas que celebran su amor al tiempo que lloran la despedida de sus familias al otro lado de la frontera.

“Es muy importante que esta puerta se abra. De esta forma yo me puedo encontrar con mis padres, con mi Estado. Manzanos. Ojala volvamos a la situación de hace ocho años”, comenta una drusa de la localidad de Mashdal Shams en el punto fronterizo sin olvidar enviar un mensaje de apoyo a Asad: “Agradezco al ejército sirio que limpió Siria de terroristas”.

El izado de la bandera siria en la frontera es algo más que un acto simbólico. Es la solemne confirmación de la victoria de Asad de una cruenta guerra que, iniciada bajo los gritos en las calles de Deera exigiendo democracia en marzo de 2011, estuvo a punto de acabar con su régimen. Pero la ayuda armada de Irán, del grupo libanés chií Hizbulá y sobre todo la masiva intervención militar de Rusia hace tres años dio la vuelta a una situación que hoy corona con las llaves de Quneitra.

Horas antes y por primera vez en tres años, se reabría también el principal paso fronterizo entre Siria y Jordania. Más allá de su simbolismo, Nassib tiene valor diplomático, militar y sobre todo comercial al tratarse de una relevante y rentable ruta de tránsito en la región.

“Es un enlace vital para el comercio entre dos países hermanos, Jordania y Siria y a través de ellos hacia otros países árabes”, afirma la portavoz del gobierno jordano, Jumana Ghunaimat tras una apertura que marca un momento y un lugar importantes en Oriente Próximo. Una región que se define con conversaciones, acusaciones públicas, contactos secretos, bombas y pasos fronterizos.

ELMUNDO.ES

Se rearman las FARC: ¿Peligra la paz alcanzada en Colombia?

Se rearman las FARC: ¿Peligra la paz alcanzada en Colombia?

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, después de firmar un acuerdo de paz. 24 de noviembre de 2016
Jaime Saldarriaga / Reuters

En Colombia existe preocupación por el destino de los acuerdos de paz logrados en noviembre de 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El nuevo mandatario, Iván Duque, inició su administración prometiendo modificar el pacto alcanzado con la guerrilla, porque en su opinión tiene “fallas estructurales”.

Antes de esa declaración, las FARC, devenidas en partido político (con las mismas siglas), denunciaron otros eventos que entorpecieron la implementación efectiva de los acuerdos, como por ejemplo los asesinatos de exguerrilleros desmovilizados, el incumplimiento del Gobierno en la asignación de recursos y tierras para la reinserción de los excombatientes, y el encarcelamiento del excomandante Jesús Santrich.

La posibilidad

Más recientemente, el presidente Duque añadió otro elemento al debate, cuando expresó ante un grupo de aliados políticos su preocupación por la posibilidad de que algunos disidentes de las FARC se rearmen.

El presidente de Colombia, Iván Duque, durante una conferencia de prensa. Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 201. / Luisa Gonzalez / Reuters

Esa preocupación del nuevo gobierno se dio a conocer luego que The New York Times difundiera fotografías de un grupo de guerrilleros entrenando en las selvas de Colombia.

Fue ese un testimonio gráfico que confirmaría el comunicado en el que se anunciaba que algunos exguerrilleros volvían a armarse, alegando inconformidad con el proceso de entrega de los fusiles.

“Asistimos al rearme y organización estructural de las FARC-EP, a la recuperación de los bienes usurpados (…) al rescate de los guerrilleros dispersos (…) al comprobar la traición al proceso de paz, el incumplimiento de los acuerdos y la entrega del movimiento guerrillero”, dice el comunicado.

Por su parte, el presidente Duque dijo el 12 de octubre, durante una reunión con exguerrilleros que hacen vida en la Guajira, al noreste del país, que su gobierno va a cumplirle “a los que genuinamente están realizando su proceso de reincorporación con verdad y no repetición”.

Iván Duque

@IvanDuque

Llegamos a ETCR de Pondores (Guajira) en compañía del enviado especial de la UE, Eamon Gilmore; jefe misión de la ONU, Jean Arnault; la embajadora de la UE, Patricia Lombart a saludar y dialogar con líderes de la comunidad y desmovilizados de las Farc.

Disidencias

En opinión de la académica e investigadora colombiana Diana Nocua, “efectivamente” existen grupos disidentes de las FARC. Una situación que obedece a varios factores.

La también activista por los derechos humanos explica que a “la poca voluntad política y presupuestaria del Gobierno” frente a la reincorporación de los excombatientes a la sociedad, se suma una “fractura al interior de las FARC”, posterior a la firma del acuerdo de paz.

“Mientras no exista voluntad política” para erradicar las causas estructurales que produjeron el conflicto armado, “será muy difícil construir realmente la paz territorial”, estima Nocua.

Combatientes de las FARC, en un campamento previo a la ratificación del acuerdo de paz con el gobierno. 9 de septiembre de 2016 / John Vizcaino / Reuters

Se trata al final de cuentas de la resolución de un conflicto armado que en más de 50 años dejó 262.197 muertos –de los cuales 215.005 eran civiles y 46.813 fueron combatientes–, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto.

Errores

El académico Víctor de Currea Lugo, analista de conflictos armados, señala que el rearme de un sector de las antiguas FARC “no es un hecho aislado”, y tiene que ver “con los graves errores” cometidos a la hora de la implementación de los acuerdos de paz.

En general, explica el analista, “las élites colombianas no se sienten obligadas a implementar lo acordado”, ya que no consideran el conflicto armado “desde sus causas económicas, políticas y sociales, porque para ellos, es un problema que se reduce a lo militar”.

Esa es la razón por la que el modelo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos presenta a las FARC, “está basado en la entrega de armas y la desmovilización. Nada más que eso”, agrega De Currea.

Soldados colombianos patrullan en la provincia de La Macarena en Meta el 24 de septiembre de 2010. John Vizcaino

En su opinión, “sí peligra la paz en Colombia“, pero no porque un grupo decidiera rearmarse, sino porque “ese rearme es la consecuencia de una larga cadena de errores, en la que el Gobierno tiene una gran carga de responsabilidad”.

El analista de conflictos armados concluye que cuando un grupo “regresa a la lucha armada” significa un retroceso para el país en general, “del que no se puede culpar únicamente a las guerrillas. Este retroceso obedece a condiciones de supervivencia de los excombatientes, entre muchas otras razones”.

Ernesto J. Navarro